| Escrito por Regional Pacífico |
Seis Obispos del Pacífico colombiano (Tumaco, Guapi, Buenaventura, Istmina-Tadó, Quibdó y Apartadó), alzan su voz para anunciar y denunciar en tiempo de Adviento, la difícil situación de exclusión social e invasión al territorio, por la que atraviesan las comunidades indígenas y afrodescendientes del Pacífico, confinadas o desplazadas por efectos del conflicto armado, narcotráfico y proyectos de economía extractivista auspiciados por el Estado colombiano sobre territorios colectivos.
En la Carta Pastoral los obispos del Pacífico reafirman que el hombre es la prolongación de la tierra. “Por lo tanto, hablar de la tierra es fundamentalmente un acto sagrado, pues ella nos conecta de forma directa con las manos creadoras de Dios, lo que nos indica que todo atropello a ella es, como lo dicen los hermanos indígenas, ‘un atentado contra la propia madre’”.
El propósito de la Carta Pastoral es manifestar una voz de aliento y esperanza en el tiempo de Adviento, en el cual se prepara el nacimiento de Jesús, para continuar los esfuerzos de defensa y protección de los territorios indígenas y afrocolombianos. “Así mismo quiere ser una voz de denuncia frente a la invasión desaforada e inhumana que se está haciendo a tales territorios y desde allí invitar a que se aplique justicia y se reparen los daños que se han estado causando a los ecosistemas y a la vida humana misma”.
La Carta reafirma que si bien las organizaciones étnico-territoriales, avanzaron en la definición de la territorialidad y sus proyectos de vida, el capital nacional e internacional, ha avanzado en incorporar la región del Pacífico a la dinámica de la globalización del mercado, “lo cual en nuestro país ha estado estructurado en el marco del conflicto armado” – dicen los Obispos. “Este territorio que otrora fuera despreciado por su condición de ser calificado ‘inhóspito’, cobró valor por la identificación de sus riquezas o recursos naturales y su ubicación al pertenecer a la cuenca internacional del Pacífico. De esta manera este territorio quedó expuesto a las amenazas y agresiones en nombre de su vinculación al ‘desarrollo’ o al ‘progreso’”.
En este sentido el Estado colombiano planea y ejecuta megaobras y concede territorios colectivos para la explotación minera y de hidrocarburos, tal como sucede con la red vial, fluvial y marítima en el marco del proyecto Arquímedes, la ampliación del puerto de Buenaventura que compromete un componente de desalojo de las comunidades de bajamar y el impulso del monocultivo de la palma aceitera y la caña de azúcar desterrando a sangre y fuego a sus propietarios ancestrales y legales.
Sobre la penetración de los cultivos de uso ilícito, que se suma a la gravísima situación de los pueblos nativos del Pacífico, los obispos dicen que: “Esta invasión territorial de los cultivos de uso ilícito se ha consumado mediante la presión de los grupos armados ilegales, la colonización de pobladores provenientes de zonas externas y en ocasiones con la permisividad de autoridades civiles y de la fuerza pública”.
Con respecto a la degradación del conflicto armado la voz de los obispos es clara al afirmar que: “Desde nuestra acción pastoral hemos sido testigos de innumerables atropellos hacia estas comunidades, donde todos los actores armados, legales e ilegales, asumieron una actitud de ‘ejércitos de ocupación’ de los territorios étnicos, donde se han perpetrado horrendos hechos como la triste célebre masacre de Bojayá, tipificada por Naciones Unidas como ‘crimen de guerra’, las continuas masacres a lo largo de la costa, el genocidio prolongado de los jóvenes en Buenaventura, los ríos convertidos en vertederos de cadáveres como en las cuencas del Patía, Mira, Naya, San Juan, Baudó y Atrato”.
Los obispos resaltan la participación de las organizaciones etnicoterritoriales que frente a estos problemas hacen resistencia donde el “territorio es central, pues es desde él que estas comunidades se interpretan y representan como pueblos, donde pueden y deben ejercer el derecho a la autodeterminación, con expresiones de autonomía política, económica y territorial”.
Los obispos respaldan las iniciativas de las organizaciones etnicoterritoriales de construir una “AGENDA REGIONAL DE PAZ”, la cual tiene como punto central el respeto del Territorio y la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Dicen los Obispos que “nos comprometemos a seguir impulsando diálogos pastorales y a prestar nuestros servicios en la mediación para avanzar en esta agenda de paz que contribuya a la solución política del conflicto social y armado”.
